ESCUCHAR…Por montos que trasciendan los topes “micro”, otorgados con acompañamiento y flexibilidad, aptos para las muchas cooperativas (incluyendo las recuperadas) que no tienen bienes propios ni bienes reales para llegar a satisfacer las garantías de un crédito.
El financiamiento para la inversión productiva es clave en momentos en que el mundo compite por inversiones y empleo y para evitar las consecuencias de la crisis internacional.
Esta certidumbre se ha instalado entre ciertos referentes de la Unión Industrial Argentina, entre los conductores de las cámaras empresariales metalúrgicas, textiles y de otros sectores, y ha llegado al discurso político con mucha fuerza en la plataforma de Daniel Scioli, pero también está presente en las de otros candidatos presidenciales.
En esta línea, se ha anunciado que a partir del cambio de gobierno, en diciembre, se buscará crear un banco de desarrollo con miras a potenciar el rol de la banca pública y su complementación con la tarea de los bancos privados.
Los países miembros del BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- han seguido la misma política y tienen avanzados acuerdos para crear un banco de desarrollo que funcione como eje geoestratégico para disminuir la dependencia de las políticas financieras de los grandes países desarrollados. China, Europa y Asia tienen los suyos propios y la Corporación Andina de Fomento (CAF) en Latinoamérica avanza con los mismos criterios.
En la historia argentina existen experiencias de relativo éxito en la construcción de una entidad de fomento de estas características: en 1944 fue el Banco de Crédito Industrial, transformado en Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) en 1970, disuelto y liquidado en 1993 con una alta cifra de créditos incobrables producto -entre otros- del contexto hiperinflacionario de la época. Desde 1992 ocupó su lugar el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que a partir de la decisión del presidente Néstor Kirchner pasó a prestar en forma directa, además de financiar a bancos privados.
Un sector en movimiento
La pregunta es ¿qué papel puede jugar una entidad de este tipo en el desarrollo de formas alternativas de organización de la producción, como las que engloba la economía social? El Frente Nacional de Economía Social (freneso.org) indagó sobre la cuestión e intentó elaborar una respuesta.
Ya se trate de una nueva entidad o de organizaciones vigentes, va a resultar oportuno e indispensable para el desarrollo contemplar líneas de financiamiento específicas que se adapten a las necesidades de la economía social, señaló en un trabajo para Freneso el especialista Agustín Calvo Castilla. El Programa Nacional de Microcrédito para la Economía Social implementado por la Comisión Nacional de Microcréditos (Conami) cubre en amplio espectro préstamos para el inicio de talleres familiares/comunitarios y proyectos productivos, así como para la adquisición de insumos y maquinaria para quienes no pueden acceder a créditos bancarios tradicionales, recuerda el experto.
Por créditos medianos
Pero señala seguidamente que muchas cooperativas han sido beneficiarias por estas políticas, y una vez avanzadas en su actividad encuentran un límite en el monto de dinero para poder pegar ‘el salto’: 12 salarios mínimos vitales y móviles, cifra que a precios de hoy no llega siquiera a 70 mil pesos.
Es cuando Calvo Castilla advierte de que la consolidación del sector asociativo a lo largo de la última década está demandando avanzar hacia los mesocréditos (créditos medianos).
Montos que trasciendan los topes “micro”, otorgados con acompañamiento y flexibilidad, aptos para las muchas cooperativas (incluyendo las recuperadas) que no tienen bienes propios ni bienes reales para llegar a satisfacer las garantías de un crédito. Organizaciones como Fundación Avina y La Base han comenzado a transitar este camino, con préstamos que llegan hasta $750 mil para atender a necesidades como materiales para pedidos de gran escala, efectivo para cumplir con proveedores, servicios y repartos ante pagos recibidos con cheques diferidos, vehículos para entregas, piezas para reparaciones, maquinaria para ampliar la capacidad de producción, equipamiento para desarrollar la cadena productiva o brindar nuevos productos y servicios.
En cada caso particular, los términos de devolución de estos financiamientos se ajustan a la generación de fondos que permita la aplicación del préstamo, y ese trabajo potencial puede ser parte o totalidad de la garantía.
El BICE, por su parte, ya cuenta con una línea para pymes y cooperativas de hasta $40 millones para financiar proyectos de inversión, a 10 años, con garantía a convenir (no tan flexible como en los ejemplos anteriores), señala el especialista.
Es un camino a profundizar. O mejor dicho: para profundizar los logros alcanzados por el sector asociativo sería auspicioso que el Estado no deje pasar la oportunidad histórica de instrumentar mesocréditos para la economía social.
Organismos como los ministerios de Desarrollo Social y de Industria, los bancos estatales o los proyectados Ministerio de Economía Popular y Banco de Desarrollo podrían gestionar adecuadamente la herramienta para ese ‘salto’ que a las cooperativas les cuesta dar. De ésta y otras iniciativas de fortalecimiento dependerá la apertura de una nueva etapa para el desarrollo de la economía social.
