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Elaboran el primer proyecto de ley de comunicaciones convergentes

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Por Javier De Pascuale – [email protected]

Luego de haber derogado por decreto artículos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de medios) Nº 26522, el Gobierno creó en marzo del año pasado una comisión encargada de elaborar un anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes que reemplazaría definitivamente la norma aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández.
La comisión, coordinada por la vicepresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giudici, organizó una serie de seminarios y reuniones con referentes del sector y en marzo de este año elevó su trabajo al Poder Ejecutivo. El Ministerio de Comunicaciones publicó entonces una nueva resolución, que extendió el plazo de consultas por otros 180 días, aunque desde entonces no volvió a realizar ninguna convocatoria.
Mientras tanto, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) solicitaron sin éxito a dicha comisión el texto del anteproyecto presuntamente puesto a consulta “pública”.
Se trata de un debate que no sólo se sitúa en los poderes públicos y el Congreso sino que atraviesa organizaciones de la sociedad civil que transitan esta temática. Todas coinciden en la idea de que “lo que le faltó a la ley de medios fue la regulación de Internet y los nuevos medios”.

En ese marco, son pocos los espacios que han dado pasos concretos en proyectos de regulación normativa que incorporen las “comunicaciones convergentes”. Uno de ellos es el Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro), ONG vinculada con el Partido Socialista, que elaboró y presentó hace pocos días un proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes, “el primero en su tipo que regula a todas las tecnologías de la comunicación”, elaborado junto a un equipo de especialistas y asesores integrado por Guillermo Goldstein, Danilo Lujambio y Martín Becerra, quienes trabajaron en su redacción buscando ampliar los alcances de la actual ley de medios.
El anteproyecto contempla tanto la regulación audiovisual como la de las telecomunicaciones y aspectos de la conectividad a Internet y de la empresa Arsat. Regula entonces los servicios de televisión abierta y paga (cable y satélite); la radio (AM y FM); las telefonías fija y móvil; las conexiones a Internet y los servicios audiovisuales conocidos como OTT (del inglés over-the-top), como Netflix.
“Después de un arduo año de trabajo, desde nuestro centro de estudios y con especialistas de primer nivel llegamos a esta presentación, que realizaremos mañana (por hoy) en Córdoba”, informan los voceros del Cemupro, quienes presentarán la iniciativa esta tarde en el salón “Regino Maders” de la Legislatura provincial, a las 17, con la presencia de los autores, encabezados por Becerra y Goldstein, acompañados -entre otros- por la diputada santafesina Alicia Ciciliani y el primer precandidato a diputado de la alianza Somos en Córdoba, Néstor Moccia.
“Los objetivos que persigue el espíritu de proyecto plantean la necesidad de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, lograr el acceso universal de los habitantes del suelo argentino a las tecnologías de las telecomunicaciones e Internet, velar por el desarrollo de diversos tipos y escalas de medios de comunicación, desalentar las prácticas monopólicas, establecer reglas asimétricas para favorecer el desarrollo de las pymes del sector, contribuir al funcionamiento de medios sin fines de lucro, promover el uso eficiente e inclusivo del espectro radioeléctrico, construir una cultura de pleno pluralismo y respeto a la diversidad, alentar el principio de no discriminación en el sector de las telecomunicaciones e Internet como estrategia para que las redes sean abiertas y accesibles, y definir una autoridad de aplicación libre de injerencias económicas y político-partidarias”, establece el proyecto de ley en su primera parte.
Un debate que como consumidores y usuarios de medios audiovisuales y digitales nos involucra a todos, de algún modo silenciado por autoridades del Congreso nacional pero que debe ser abierto al debate público, para su enriquecimiento. En el caso de este proyecto, la ONG autora de la iniciativa recepta en su página web aportes y contribuciones sobre el texto, disponible en cemupro.com.ar

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