Por el ajuste, el rojo de la Caja volverá a bajar, incluso en términos nominales

Cerraría el año por debajo de $400 millones, unos $50 millones menos que en 2014. La cifra final dependerá del acuerdo salarial de los bancarios, uno de los sectores más deficitarios de los que integran el organismo. La merma en el rojo, producto del pago diferido de las subas a los pasivos, está vinculada con la mejora salarial, en torno a 35%. Sin ajuste, el quebranto superaría $3 mil millones. [privado] La Caja de Jubilaciones de la Provincia cerrará 2015 con un déficit estimado que incluso podría perforar el piso de 400 millones de pesos, menor en términos nominales que el del año pasado y el más bajo al menos en este siglo. Efectivamente, si bien aún resta cerrar la pauta salarial de los bancarios, uno de los sectores que mas impactan en el rojo de la Caja, el déficit estimado para el ejercicio se ubicaría en torno a 2,3% sobre el total de egresos (calculado sobre lo presupuestado), menor incluso que el registrado en 2001 que fue de tres por ciento respecto al gasto. Los datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia marcan la evidente impronta de la ley 10078 que dispuso que el pago de aumento a los pasivos, se concretaría 180 días después que la suba a los activos. De hecho, sin la vigencia del diferimiento, el rojo se ubicaría por encima de tres mil millones de pesos. La lógica de ese régimen de ajuste lleva a que, a mayor incremento a los activos, mas se neutralice el déficit. El sistema funciona en esos términos toda vez que, al producirse el aumento a los activos, se incrementa en el mismo porcentaje el aporte previsional de ese sector y, por consiguiente, los ingresos del organismo. Esa suba recién se refleja en el gasto seis meses después, de allí que, a medida que los aumentos salariales a los activos sean mayores, más cae el déficit de la Caja, cuanto menos como porcentaje respecto al total de gastos. Este año, la suba a los activos, principalmente empleados públicos y docentes, se ubicó en torno al 35% escalonado, más allá de las diferentes versiones sobre los aumentos, de 31,6% según el Gobierno y de hasta 38%, según los gremios. El aumento, en cualquier caso, fue mayor que el del año pasado, al menos así impactan en los números del organismo previsional. De esta manera, el rojo se ubicará en torno a 400 millones de pesos, que incluso podrían ser menos, si el aumento que logran los bancarios cierra por encima de 30 por ciento. Esa pauta salarial, que se dirime en paritarias nacionales, aún no cerró y de hecho ya generó tensión entre las partes. Concretamente, la Bancaria dispuso asambleas sin atención al público para jueves y viernes próximo y un paro que se concretaría la semana que viene. Más allá de ese detalle, la discusión central pasa por los efectos del diferimiento, no sólo para los jubilados y pensionados que insisten por medio de los gremios en eliminar el ajuste sino también para los números de la Caja en particular y de la Provincia en general. Es que en un año electoral, en el que se renovarán las autoridades provinciales, es clave conocer qué harán los diferentes candidatos respecto a un tema ineludible que condiciona de manera profunda las finanzas públicas y cuya resolución implica una toma de posición con relación al régimen previsional vigente. La evolución de los números de la Caja y el impacto del ajuste aplicado por la ley 10078 son evidentes (ver gráfico). De acuerdo con los datos oficiales informados por el organismo previsional, en 2001 el quebranto (diferencia entre ingresos y gastos) fue de tres por ciento del gasto, En 2002, la cifra subió a nueve por ciento; en 2003, a 23% y, de 2004 a 2007, se situó siempre por encima de 30%, para comenzar a descender de manera paulatina desde 2008, cuando se aplicó el primer ajuste previsional con cambios claves, por ejemplo en el tema de Caja otorgante y años de aporte tope. Con la aplicación del diferimiento, el déficit cayó por debajo de 10% e incluso menos del cinco por ciento el año pasado. El desafío será buscar mecanismos que permitan eliminar el diferimiento y afrontar un rojo que, sin ese ajuste, superaría este año tres mil millones de pesos, esto es 430 millones de pesos por mes diferido. Las alternativas no abundan y ya fueron analizadas en diferentes debates respecto al tema. La Provincia insiste en que la Nación asuma parte del rojo en función de los compromisos oportunamente firmados y que involucraban a las cajas provinciales no transferidas. De hecho, la Provincia tiene dos demandas abiertas contra la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. La primera es por el supuesto incumplimiento de Anses en girar los fondos previsionales conforme el acuerdo firmado para los años 2010 y 2011. El pasivo que reclama Córdoba es de 1.040 millones de pesos. La Nación aduce que la Caja incumplió con la armonización planteada en ese acuerdo bianual, argumento que utiliza para justificar la falta de envío de esos recursos. La armonización plena con los criterios fijados en ese acuerdo, implicaría una drástica reducción de los haberes de los futuros jubilados provinciales. En la Provincia aseguran que los puntos que quedaron sin armonizar incluyen una erogación que la Provincia se comprometió a asumir y evitar así una baja en los haberes, respetando el pago del 82% móvil sobre el haber bruto de los activos. El tema aún no tiene resolución de la Corte pese al tiempo transcurrido. En cuanto al otro litigio, es más reciente y se vincula con el reclamo de la Provincia respecto a los fondos coparticipables detraídos por la Nación destinados a solventar a la Anses. Se trata de un reclamo por el 15% de las partidas de la coparticipación primaria (previa a la distribución entre las provincias), retención que se activó en la década de 90. Concretamente, la cesión de recursos se concretó en 1992, cuando las diferentes provincias acordaron ceder parte de los recursos coparticipables para evitar la descapitalización de la Anses producto de la puesta en marcha del régimen de capitalización a través de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Córdoba denunció ese acuerdo luego de que la Nación no renovó los convenios de financiamiento parcial del rojo previsional y, de hecho, no envió más fondos desde 2011. Esa presentación, que la Corte resolvió días atrás aceptar para su tratamiento, fue aprobada oportunamente por ley provincial y siguió los diferentes pasos formales para tener tratamiento y, probablemente, un fallo favorable a la Provincia por parte del Máximo Tribunal, aseguran desde el Ejecutivo. De hecho, recuerdan que, a diferencia de Santa Fe -que realizó una presentación similar que aún no tiene respuesta y también de San Luis- la acción de Córdoba buscó corregir los diferentes errores formales que evidenciaron las anteriores, de ahí las expectativas por un fallo que, en cualquier caso, no se producirá en el corto plazo. Como fuere, la estrategia de exigir a la Nación los recursos que supuestamente corresponden a Córdoba es la postura que esgrime el candidato por el oficialismo, Juan Schiaretti. Eduardo Accastello, postulante a gobernador por el frente Córdoba Podemos, dijo que eliminará el diferimiento y aseguró que lo hará con base en el diálogo con el Gobierno nacional, sin precisar mayores datos. En tanto, el candidato por Juntos por Córdoba, Oscar Aguad, aún no precisó su política al respecto. Más allá de quién será el futuro presidente que reemplace a Cristina Fernández, difícilmente esté dispuesto a financiar un déficit creciente para jubilados que, con un aporte ciertamente mayor a los nacionales, cobraron en marzo pasado un haber promedio de 13.010 pesos, muy por encima del promedio de Anses. [/privado]

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