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La Nación insistió con que el gravamen que cobra Córdoba es ilegal

VÍNCULOS. Se recordó que la familia implicada en el caso tiene lazos con el gobernador Jorge Capitanich.
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El Gobierno volvió a denunciar por “ilegal” el impuesto a los combustibles conocido como “tasa vial”, que cobran la Provincia de Córdoba y 12 municipios bonaerenses con intendentes massistas para aumentar sus ingresos.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reiteró que la administración nacional considera “ilegal” la tasa, recordó que el tema fue judicializado y se esperanzó con que la Corte Suprema de Justicia lo revoque.

“La tasa vial está judicializada y ya hubo convocatoria de partes donde quedaron expuestas las posiciones de la Provincia de Córdoba y del Estado nacional. Consideramos la Tasa Vial de naturaleza ilegal”, dijo Capitanich en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

El jefe de ministros agregó que “el tema no está resuelto en la instancia máxima, que es la Corte Suprema de Justicia”, por lo que el Gobierno espera que el Máximo Tribunal emita un fallo y declare la doble imposición, postura que también aguardan patrocinantes de demandas en la misma línea, por ejemplo del tributarista y abogado Marcos Sequeira. (Ver  “Un nuevo impuestazo para los cordobeses”).

Capitanich hizo mención a la polémica entablada en Córdoba luego de que la Provincia resolvió impulsar una suba de hasta 67 por ciento en el gravamen.

El proyecto de aumentó generó fuertes críticas de distintos sectores involucrados y derivó en una férrea defensa de la imposición por parte del gobernador José Manuel de la Sota, quien recordó que la decisión de impulsar la tasa obedeció a la falta de envíos de la Nación para obras viales claves, entre ellas las autovías en rutas nacionales.

La doble imposición que denuncia la Nación es consecuencia de que el Estado nacional tiene la potestad de cobrar impuestos sobre la comercialización de los combustibles líquidos que millones de personas compran en toda Argentina en forma cotidiana.

La Tasa Vial fue creada en septiembre de 2012 por De la Sota, en medio de una fuerte polémica legislativa porque los opositores entendieron que era un impuesto, y que para eso debió ser aprobado en dos sesiones y con una audiencia legislativa.

En paralelo, 12 municipios de la provincia de Buenos Aires también cobran una tasa vial, lo que abrió un frente de batalla con la gestión del gobernador Daniel Scioli, quien considera a este tributo “injusto e inconstitucional”.

Tigre, San Fernando, San Miguel, Pilar, Hurlingham, Malvinas Argentinas, Olavarría, Merlo, San Isidro, San Martín, Junín y Vicente López, todos municipios con intendentes del Frente Renovador que lidera Sergio Massa, cobran el tributo.

La ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, anunció recientemente que esa tasa “es injusta, inconstitucional y será la Comisión Federal de Impuestos el ámbito donde se dirimirá su legalidad”.

Incoherencia
Sin nombrarlo, Capitanich hizo alusión a Massa y a sus intendentes al considerar que “hay municipios del Frente Renovador que por un lado cobran en forma ilegal la tasa vial y por el otro lado, promueven un bono a fin de año”. De inmediato, indicó que “hay que tener coherencia de la administración, máxime cuando son referentes que pretenden gobernar el país en el 2015”.

La definición del jefe de Gabinete bien podría alcanzar a De la Sota quien, además de cobrar la Tasa Vial, también pagará un bono a los empleados públicos -que, por otra parte, se desembolsará mañana, tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados que perciben haberes en la Caja de Jubilaciones-.

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