ESCUCHARQuedaron marginadas del fallo del Máximo Tribunal que sólo anuló los aumentos para el sector residencial. Para el caso de comercios y pymes regirá el tope de 500%. Para el resto, tarifa plena. Desde la resignación hasta posibles amparos, las alternativas
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de anular el aumento en las tarifas de gas sólo para usuarios residenciales motivó la inmediata reacción de las entidades que nuclean a industriales, pymes y comercios que coincidieron en el impacto negativo que tendrá el incremento en la estructura de costos, en momentos en que la actividad y la demanda interna se encuentran en terreno negativo.
Con todo, las organizaciones consultadas mostraron posturas dispares respecto a las acciones a seguir.
De hecho, los pequeños comercios y pymes pagarán aumentos con topes de 500 por ciento.
Diferente es el caso de las industrias con mayores consumos, que deberán afrontar el tarifazo en pleno al igual que las estaciones de gas natural comprimido (GNC).
En todos los casos, salvo en el GNC, la facturación estaba suspendida en función del fallo de Cámara que había dispuesto retrotraer tarifas al 31 de marzo.
Por lo pronto, el impacto del fallo era analizado anoche por las distintas entidades y sus asesores letrados.
En el caso de Córdoba, el titular de la Unión Industrial (UIC), Gerardo Seidel, dijo que el tema iba a ser motivo de estudio aunque anticipó que en principio no se analizan eventuales acciones judiciales, que en todo caso podría debatir la Unión Industrial Argentina (UIA) como entidad madre.
“Tarde o temprano ibamos a tener que pagar una tarifa mayor”, dijo a Comercio y Justicia, con cierta resignación, y aseguró que el impacto de los aumentos deberá ser analizado por cada sector. “La incidencia es variable según cada sector. Salvo en algunos rubros gas-intensivos, como los fabricantes de cerámicos, en el resto el impacto del gas no tiene una ponderación clave en la estructura de costos”, señaló. De todas formas, el tema será motivo de análisis y consultas entre las entidades.
Similar fue la respuesta del titular de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), Horacio Busso. “Estamos evaluando por sectores, por caso en los supermercados, la incidencia del fallo y impacto en los costos”, aseguró a este medio.
Al igual que Seidel, Busso fue cauto sobre eventuales acciones de tipo judicial y prefirió esperar. “Está claro que va a impactar en la situación de diferentes rubros que ya deben soportar mayores costos y caída en las ventas; son temas que estamos monitoreando”, dijo, al tiempo que relativizó posibles cierres de comercios o suspensiones, al menos originados en las consecuencias de la suba de tarifas.
“En todo caso, estamos más pendientes del tema de la energía eléctrica que incide más en otros sectores”, explicó.
Diferente fue la postura del presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernandez, quien calificó el fallo como “inesperado” al compararlo con el dictamen que el miércoles emitió la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. “Porque nos decía que éste era un servicio para la vida pero también para la continuidad de la actividad económica, de la que depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”, explicó Fernández. El titular de Apyme anticipó que pedirá una reunión con las autoridades del Ministerio de Energía, al tiempo que adelantó que ya solicitaron ser recibidos en el Ministerio de Producción, también por la situación que atraviesa el sector.
Más allá de las acciones administrativas que encararán ante el Gobierno, Fernández también dijo que se analizarán eventuales medidas judiciales. En esa línea, ayer, el abogado cordobés Horacio Viqueira, que patrocinó a amparistas residenciales contra la suba del gas, dijo que se avanzará en medidas similares en este caso vinculadas con comercios y pymes. (Ver Gas: prevén planteo judicial de pymes e industrias). Mientras tanto, la Cámara del GNC presentó el primer amparo contra el fallo de la CSJN.
Los empresarios del sector indicaron que la decisión de ésta “vulnera la posibilidad de que los ciudadanos accedan a un combustible más barato”.
Fuentes de la Cámara aseguraron que la situación del sector es “preocupante”.
En ese marco, la Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba (Fecac) descartó, por ahora, recurrir a la Justicia, aunque recordó que esa entidad está enrolada en la confederación nacional de la que también forma parte de la Cámara de GNC.
“Si se avanza en un amparo colectivo para el sector, veremos la situación”, resumió a este medio una fuente. De todas formas, a diferencia del resto de las pymes, comercios, industrias e incluso los residenciales, las estaciones de GNC nunca dejaron de pagar el gas incluso con valores actualizados, por lo que la situación no varía para ese rubro a raíz del fallo.
Gobierno convoca a audiencias y a un acuerdo federal
El llamado se realizará en la jornada de hoy, según adelantó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Se estima que las primeras serán dentro de tres semanas
El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Energía, Juan José Aranguren; y el titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, confirmaron que el Gobierno nacional llamará a audiencias públicas “en el tiempo más breve que permite la ley” y anunciaron que se les ordenará a las empresas refacturar, en función del tarifario vigente al 31 de marzo.
“Estamos convocando mañana (por hoy) a las audiencias públicas para que se realicen en el tiempo más breve que permite la ley, que es tres semanas”, anunció Peña en conferencia de prensa en Casa Rosada.
La decisión de la Corte Suprema de anular el incremento de las tarifas de gas a los clientes residenciales alcanza a 30% del total de los usuarios del país, que pagarán con el esquema previo a los aumentos, que regía hasta el 31 de marzo.
En tanto, el restante 70% de los usuarios -entre los que hay empresas y comercios- mantendrá el cuadro tarifario modificado por el Gobierno, con los topes de hasta 500% de incremento.
Respecto del fallo, Peña señaló que la decisión de la Corte “habla de que las instituciones funcionan, cada uno con su rol”.
“Nuestra tarea no pasa por discutir los fallos sino por cumplirlos”, sostuvo el funcionario. “Este fallo confirma que tenemos que trabajar en una mejora estructural del sistema energético, que está en crisis”, agregó. Por otro lado, el jefe de Gabinete anunció que el Gobierno buscará alcanzar un acuerdo político con la oposición para impulsar la revisión integral de las tarifas de los servicios públicos.
“Es un desafío muy grande que tenemos como sociedad dar ese debate para mirar el largo plazo”, dijo el funcionario y convocó a los partidos, gobernadores, la sociedad civil y los empresarios a trabajar en un “acuerdo federal energético”.«Hay que buscar un acuerdo más general en este sentido, por ejemplo, tomando el documento que firmaron los principales candidatos presidenciales excepto el del Frente para la Victoria con los ex secretarios de Energía el año pasado”, dijo Peña.
