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Córdoba ofreció 19,5% escalonado y con claúsula gatillo; $11.700 millones extras

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Se pagará en dos tramos: 12,5% en febrero y 7% en junio. La secretaria General de la Gobernación aseguró que un 1,5% del primer tramo es para recuperar el poder adquisitivo de 2016. Habrá revisión en junio, noviembre y enero con el parámetro del IPC de Córdoba. Contempla pago de deuda por acta de De la Sota. El SEP resuelve la semana próxima. UEPC aún sin ofrecimiento, aunque disconforme. El costo fiscal total incluye también la Caja

El Gobierno provincial oficializó ayer una propuesta de aumento salarial para los agentes estatales bajo la órbita del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) que incluye un incremento final de 19,5 por ciento a aplicarse en dos tramos.
Paralelamente, la oferta contempla una cláusula “gatillo” de revisión en junio, noviembre y enero en función de la evolución de la inflación acumulada en esos períodos. La propuesta, que por ahora sólo fue oficializada al SEP, fue confirmada a Comercio y Justicia por la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero.
“El primer tramo a aplicarse desde febrero incluye un 1,5% vinculado con el recupero del poder adquisitivo del salario del año pasado”, aclaró.
También supone el pago de la deuda acumulada por el incumplimiento del acta firmada durante la gestión de José Manuel de la Sota en 2015 que, al igual que en el caso de los docentes, contemplaba un escalonamiento en la incorporación de sumas por aplicación del escalafón, entre otros puntos.
En ese marco, fuentes del SEP anticiparon que la oferta comenzó a ser debatida ayer y que recién habrá una respuesta la semana próxima.
En tanto, en la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), su titular, Juan Monserrat, dijo que aún no recibieron ningún llamado. No obstante anticipó que, de replicarse esa misma propuesta, será rechazada.

Los docentes ayer concretaron asambleas departamentales y hoy realizarán una asamblea general en la que ratificarían el paro por 48 horas dispuesto para lunes y martes próximo, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo.
De extenderse la postura oficial al resto de los gremios -Rivero evitó avanzar en esa línea-, el costo fiscal para la Provincia alcanzará 11.754 millones de pesos. Ese monto incluye tanto el gasto salarial bruto para todos los agentes estatales, más las transferencias corrientes para el pago del subsidio estatal a las escuelas privadas y, además, el monto extra producto de la suba de las jubilaciones y pensiones, al menos en la parte relativa a los pasivos que revistieron como agentes provinciales.
Para tener una noción del impacto fiscal, sólo para el sector público activo representa 8.824,4 millones de pesos sobre un gasto total presupuestado para este año de 56.112,3 millones de pesos que, en rigor, ya había incluido una pauta estimada de 18%.
En tanto, las erogaciones totales previstas por el Presupuesto 2017 ascienden a 125.393 millones de pesos, sin contar la Caja de Jubilaciones -que tiene su propio esquema-.

La composición del aumento
Rivero indicó que la suba propuesta prevé un 1,5 por ciento correspondiente a la pérdida del poder adquisitivo de 2016, más de 11 por ciento para este año y el 7 por ciento extra desde junio.
Presentado así, la pauta 2017 sería de 18 por ciento, en línea con la presupuestada en el proyecto votado por la Legislatura. La funcionaria indicó que en el caso del SEP se pagará la deuda desde noviembre generada por el acta firmada durante la gestión de De la Sota, que el gremio que conduce José Pihen reclamaba abiertamente, al igual que la UEPC.
No se especificó, sin embargo, a cuánto asciende ese pago.
Es que los gremios consideran que parte de ese monto, sino la totalidad, equivaldría al 1,5 por ciento que el Gobierno presenta como recupero del poder adquisitivo de 2016.
El tema es parte del debate interno en el SEP y seguramente también lo será en la UEPC, si es que la propuesta se les extiende a los docentes al menos en los trazos gruesos.

Ayer Monserrat dijo que en las últimas horas presentaron una carta documento al Gobierno para que cumpla el decreto firmado por el gobernador Juan Schiaretti que señalaba que en febrero se atendería al reclamo por el acta firmada durante la gestión De la Sota. “Ése es un tema que el Gobierno debe cumplir. Aparte está la pérdida del poder adquisitivo del año pasado. Son dos temas diferentes”, aclaró el dirigente de UEPC.
El otro punto eventualmente conflictivo que, sin embargo, aún deberá “pulirse” a la hora de la eventual firma del acta con los gremios es el de la cláusula “gatillo”.
Los sindicatos están ya en alerta por ese mecanismo.
Es que todos los años se incluye una cláusula de ese tipo pero muchas veces la redacción del texto la deja abierta a interpretaciones de una y otra parte.
De hecho, los docentes aún reclaman que se cumpla el punto cuatro del acta firmada el año pasado porque consideran que la inflación superó 25 por ciento -de hecho, para la Provincia cerró el año en 34,4 por ciento- y los salarios, según el acta que firmó el Gobierno, subieron 25 por ciento escalonado.

Sin embargo, la Provincia tiene otra lectura: los sueldos registraron una suba superior a 32%, sumado el Fondo de Incentivo Docente.
De esta forma, el 1,5% que ahora propondrá la Provincia como recupero de la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, busca recuperar esa diferencia con la inflación oficial, al menos en parte.
Los dirigentes docentes no coinciden con la posición oficial. Para peor, descreen del índice de precios que difunde el Gobierno.
Es justamente ese IPC el que se tomará como referencia para la cláusula “gatillo” de este año y no otro alternativo o un combo de indicadores, como en otros distritos.
Ese punto, al fin, también aparece como otra eventual diferencia a la hora de un posible acuerdo.
Por lo demás, también subyace el tema de la recaudación.

Schiaretti ya advirtió en varias ocasiones de que la idea de su administración es que este año los agentes estatales no pierdan poder adquisitivo pero que cualquier aumento se realizará conforme un monitoreo de la recaudación. No está claro aún si en el “gatillo” se incorporará un tope relativo a la marcha de la recaudación.
Mientras tanto, todos miran de reojo al resto de sus pares, tanto los gremios como los gobernadores que hicieron causa común y unificaron posturas para ofrecer todos porcentajes parecidos, en línea con la premisa fijada en el Presupuesto nacional respecto a la inflación estimada. Los sueldos, sin embargo, no son iguales en cada provincia.
El conflicto, al fin y al cabo, sigue latente en diferentes distritos más allá del ya lanzado por los docentes para lunes y martes en todo el país.
Además, luego del acuerdo al que llegaron los bancarios -25,4%-, estas paritarias también serán referencia para el resto de las negociaciones de la actividad privada, cuyos principales acuerdos deberán discutirse entre marzo y mayo próximos.