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Congreso aprobó paquete de leyes económicas y activa reforma fiscal

Cristina

El Senado completó el debate y sanción de Presupuesto, Reforma Tributaria y prórroga del impuesto al cheque. Previamente, el Gobierno había logrado el voto para Reforma Previsional, Consenso Fiscal y Responsabilidad Fiscal. Queda pendiente la reforma laboral. Se busca reducir la presión fiscal a las empresas para incentivar la producción y la creación de empleo

El Gobierno nacional logró ayer un respaldo clave al paquete de proyectos económicos para 2018, entre ellos el Presupuesto, la Reforma Tributaria y la prórroga de la vigencia del impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (al cheque) hasta 2022. Previamente, había conseguido el apoyo para la Reforma Previsional, el Consenso Fiscal y la Responsabilidad Fiscal.
Queda pendiente, siempre en el plano económico, el polémico proyecto de Reforma Laboral que, si bien el presidente Mauricio Macri lo incluyó para que sea tratado en extraordinarias, sólo se debatiría desde marzo próximo.
Los proyectos que ayer se convirtieron en ley contaron con el apoyo, además del oficialismo, de sectores del bloque Argentina Federal, que responde -en parte- a los gobernadores peronistas, entre ellos Juan Schiaretti.
El Presupuesto 2018 contempla un crecimiento anual de 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI), un aumento de 12% de la inversión y una inflación anual promedio de 15,7%, coherente con las metas del Banco Central, de 10%, con una variación de alrededor de 2%.
La vigencia de la llamada ley del cheque se prorrogará hasta 2022 aunque, a diferencia de la norma vigente, ahora los fondos irán directamente a financiar a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
En cuanto a la Reforma Tributaria, incluye más de 300 artículos y apunta principalmente a reducir la presión fiscal a las empresas con el fin de incentivar la inversión y la contratación de personal. Varios de sus puntos claves se aplicarán de manera gradual.
Los ejes centrales incluyen, entre otros, un amplio capítulo destinado al impuesto a las Ganancias con reducciones para las compañías que reinviertan utilidades. También, restitución acelerada de saldos del impuesto al Valor Agregado (IVA) para inversiones de largo plazo.

Siempre vinculado con el sector empresarial, se exime del pago de aportes patronales hasta una remuneración bruta de $12 mil para 2022, en una escala que comienza el año próximo con $2.400, sigue en 2019 con $4.800, en 2020 con $7.200 y en 2021 con $9.600.
En otro orden, se crea un impuesto a la renta financiera para las personas físicas según las siguientes alícuotas: depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones negociables (ON), cuotapartes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros, bonos y demás valores, en moneda nacional sin cláusula de ajuste: 5%; en cambio, si están en dólares o tienen cláusula de ajuste, la tasa es de 15%.
Volviendo al IVA, se reduce la alícuota para determinados productos alimentarios y se instrumenta para servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país.
La reforma tiene un capítulo destinado a los impuestos internos, entre ellos a bebidas azucaradas y alcohólicas, que generó una dura pulseada con los sectores involucrados.
Finalmente, entre otros puntos, se avanza en modificaciones a penalidades en materia tributaria.
En el debate de ayer en el Senado, la nota destacada fue la activa participación de Cristina Fernández. La ex presidenta cuestionó duramente los proyectos pero también aprovechó la ocasión para cuestionar otras políticas del Gobierno, la Justicia y los planteos de desafuero en función de la causa penal en la que aparece involucrada, relativa al Memorándum con Irán.